La diputada nacional Daniela Cabrera presentó un proyecto de Ley del Inquilinato que busca reemplazar la normativa vigente desde 1959 y establecer nuevas reglas para la relación entre propietarios e inquilinos. La propuesta plantea que el alquiler anual de una vivienda no pueda superar el 10% de su valor catastral y que los contratos sean registrados obligatoriamente ante la autoridad competente.
La iniciativa contempla viviendas, casas, departamentos y habitaciones, mientras que locales comerciales, almacenes y oficinas continuarían bajo el régimen de libre contratación. También establece causales específicas para los desalojos, entre ellas el impago de tres meses, la necesidad del propietario de ocupar el inmueble para vivienda, la realización de obras de reconstrucción o construcción y el subalquiler no autorizado.
El proyecto también fija obligaciones para los propietarios, quienes deberían entregar los inmuebles en condiciones habitables, garantizar los servicios básicos y atender reparaciones urgentes. Además, no podrían restringir el acceso a servicios como agua, electricidad y alcantarillado.
Como parte de la propuesta se plantea crear un programa de vivienda social para inquilinos, con el objetivo de facilitar el acceso progresivo a una vivienda propia. Para financiarlo se propone un fondo estatal de fomento, con bajas tasas operativas y aportes patronales destinados a vivienda.
