Las empresas instaladoras lanzaron una advertencia al Gobierno ante cualquier intento de privatizar las instalaciones de gas domiciliario. “No permitiremos la privatización”, señalaron los dirigentes, anunciando que las cerca de 5.000 empresas del sector reaccionarían y asumirían medidas de presión si se avanza en esa dirección. Los representantes pidieron al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa asumir su responsabilidad y garantizar la continuidad de las obras, advirtiendo que la paralización podría impedir el cumplimiento de las metas previstas para esta gestión.
Las empresas instaladoras de gas domiciliario denunciaron la paralización de sus actividades desde el 6 de abril, situación que, según sus representantes, dejó a miles de trabajadores sin ingresos y afectó a aproximadamente 15.000 familias que esperan acceder al servicio en distintas regiones del país. El sector asegura que existen cerca de 5.000 empresas instaladoras de gas en Bolivia y cuestiona que, de una meta de 60.000 instalaciones domiciliarias, hasta finales de agosto la ejecución apenas alcanzaría alrededor del 20%.
Los representantes expresaron su preocupación por lo que consideran una falta de capacidad de las autoridades para garantizar la continuidad de las instalaciones y advirtieron que se estaría vulnerando el derecho de los usuarios al acceso al gas domiciliario. Señalaron además que solicitarán la intervención de las autoridades correspondientes y anunciaron que podrían iniciar acciones administrativas y penales contra funcionarios que resulten responsables de la paralización. También indicaron que ya hicieron conocer sus reclamos al Ministerio de Hidrocarburos, esperando que se restablezca la normalidad en el sector.
