La exministra de Comunicación del Gobierno de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga Vera, fue sentenciada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, luego de que la justicia determinara que no logró justificar el origen lícito de Bs 549.429,32 que circularon por sus cuentas bancarias entre 2019 y 2020. Entre las operaciones observadas figuran transferencias por Bs 198.265 con su hijastro Álvaro Daniel Vega Arce, depósitos provenientes de una empresa importadora y un cheque de Bs 180.000 de la telefónica VIVA. Lizárraga, quien declaró ingresos mensuales de unos Bs 12.000 como consultora de comunicaciones, apeló la condena y su defensa cuestionó aspectos del proceso. El caso también cobró relevancia política porque la exministra está casada con el abogado José Ramiro Vega Velasco, quien forma parte de la defensa de Fernando Cerimedo, exasesor presidencial investigado en Bolivia.
Roxana Lizárraga, esposa del abogado de Cerimedo, es sentenciada por movimientos de Bs 549 mil
La exministra de Comunicación del Gobierno de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga Vera, fue sentenciada por la justicia boliviana por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, luego de que no lograra justificar el origen de Bs 549.429,32 que circularon por sus cuentas bancarias entre 2019 y 2020. El fallo señala, entre otras operaciones, transferencias con su hijastro Álvaro Daniel Vega Arce, por un monto de Bs 198.265, además de depósitos provenientes de una empresa importadora y un cheque de Bs 180.000 de la telefónica VIVA cuyo origen, según los antecedentes expuestos en el proceso, no fue esclarecido.
El Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz cuestionó que Lizárraga no hubiera demostrado el origen lícito de varios depósitos y transferencias realizados en periodos cortos. La exministra, quien declaró ingresos mensuales de aproximadamente Bs 12.000 como consultora de comunicaciones, sostuvo que una transferencia de Bs 99.000 recibida en mayo de 2019 correspondía al cobro de servicios legales; argumento que fue considerado incongruente durante el proceso. La defensa apeló la condena alegando, entre otros aspectos, que se habría producido un cambio en la calificación del delito sin la debida notificación.
El caso adquiere relevancia política debido al vínculo familiar y profesional de Lizárraga: está casada con el abogado penalista José Ramiro Vega Velasco, quien actualmente forma parte de la defensa de Fernando Cerimedo, exasesor presidencial detenido e investigado en Bolivia. Lizárraga salió del país en 2020 con destino a Estados Unidos, donde actualmente radicaría, según los antecedentes difundidos sobre el caso.
