Un comunicado oficial del Gobierno expone el lucrativo negocio generado alrededor del diésel subvencionado en Bolivia. Según el documento, el carburante adquirido legalmente a Bs 9,80 por litro termina siendo comercializado de manera ilegal hasta en Bs 30 en zonas fronterizas, donde la escasez permite a redes de contrabando imponer precios elevados.
El Ejecutivo señala que la diferencia con los precios de los países vecinos incentiva la salida ilegal del combustible. Como referencia, el diésel en Perú alcanzaría Bs 20,73 por litro, mientras que en Brasil llegaría a Bs 17,60, generando un amplio margen de ganancia para quienes desvían el carburante boliviano hacia mercados fronterizos.
El Gobierno también advierte que importar un litro de diésel puede costar alrededor de $us 1,46, mientras el Estado mantiene un precio subsidiado, lo que representa una fuerte presión sobre las divisas y las finanzas públicas. Según los datos oficiales citados, la subvención y la fuga de carburantes representarían pérdidas superiores a $us 2.000 millones anuales, mientras transportistas de las zonas fronterizas enfrentan desabastecimiento y deben pagar precios exorbitantes para continuar trabajando.
