La muerte del subteniente Yerson Salazar Aliendres durante una emboscada en San Matías destapó una preocupante realidad dentro de la Policía Boliviana: oficiales recién egresados habrían sido enviados a cumplir funciones de alto riesgo utilizando armas prestadas debido a la falta de dotación de pistolas reglamentarias. La situación tomó mayor relevancia luego de que el alto mando policial reconociera que las promociones 2024 y 2025 no recibieron armamento propio, pese a que la legislación boliviana establece que el Estado debe garantizar ese equipamiento para la defensa de la sociedad.
La revisión de los procesos de contratación pública muestra que la última adquisición de armas de reglamento para oficiales egresados de la Academia Nacional de Policías (Anapol) se realizó en 2023, durante la gestión del entonces ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Mediante el Decreto Supremo N.º 4975, de 29 de junio de 2023, el Gobierno autorizó la compra de 272 pistolas calibre 9×19 milímetros destinadas a la promoción 2023. El contrato alcanzó un monto de Bs 1.031.750,40, con un costo unitario aproximado de Bs 3.793,20 (545 dólares), para armamento adquirido de la República Checa. La solicitud fue presentada por la Policía Boliviana a través del Viceministerio de Régimen Interior y Policía cuando el comandante general era José Luis Álvarez Griffiths.
Sin embargo, tras revisar la información pública disponible, no se identificaron procesos de contratación similares para la adquisición de armas destinadas a las promociones 2024, 2025 y 2026. Durante 2024, el Ministerio de Gobierno continuó bajo la conducción de Eduardo del Castillo, mientras que en 2025 la cartera pasó a manos de Roberto Ríos. La ausencia de registros públicos de nuevas compras coincide con la denuncia de que dos promociones completas de oficiales egresaron sin recibir sus pistolas reglamentarias ni el equipamiento que tradicionalmente se entrega en el acto de graduación.
La obligación de dotar de armamento a la Policía está respaldada por el artículo 46 de la Ley N.º 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que dispone que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Gobierno, debe proporcionar armamento, munición y equipo de protección individual a los efectivos policiales. A ello se suma el artículo 18 de la Ley N.º 400 de Control de Armas de Fuego, que establece que las armas de uso policial son esenciales para que la institución pueda responder de manera eficaz y proporcional frente al delito y al crimen organizado.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la planificación logística y presupuestaria destinada al fortalecimiento de la Policía Boliviana. La falta de dotación quedó en evidencia tras el asesinato del subteniente Salazar en San Matías, una de las zonas con mayor presencia de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en la frontera con Brasil. Mientras continúan los operativos para capturar a los responsables del ataque, también crecen los pedidos para que las autoridades expliquen por qué no existen registros públicos de nuevas adquisiciones de armas reglamentarias para las promociones posteriores a 2023 y si hubo otros mecanismos de provisión que no figuran en los procesos revisados.
