La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aprobó la Resolución Administrativa UIF/075/2026, cuyo principal objetivo es fortalecer el sistema de prevención y control contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) en actividades y profesiones no financieras designadas.
La norma establece procedimientos para el registro y, cuando corresponda, la excepción de Sujetos Obligados de los sectores jurídico, contable e inmobiliario. Para ello, dispone la utilización del sistema CARONTE, además de mecanismos de actualización periódica que permitan a la UIF contar con información vigente sobre las actividades alcanzadas por la regulación.
Entre sus objetivos también está identificar y priorizar sectores y actividades según sus riesgos, fortalecer las medidas preventivas y facilitar que la UIF pueda ejercer sus atribuciones de regulación, supervisión, análisis y tratamiento de información financiera relacionada con posibles operaciones vinculadas a delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.
La resolución toma como línea base información proporcionada por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que permitió identificar 14.763 registros vinculados preliminarmente a estos sectores: 7.699 contadores, 6.185 abogados y 879 inmobiliarias. La propia norma establece que esta identificación constituye una base para el proceso de registro y priorización y no implica que todas las personas o entidades identificadas estén siendo investigadas por delitos financieros.
El objetivo final es reforzar los mecanismos de debida diligencia, identificación de riesgos, conservación de información y cumplimiento de medidas preventivas, en línea con los estándares internacionales del GAFI y la normativa boliviana vigente.
