La eliminación del delito de sedición en Bolivia ocurrió mediante la Sentencia Constitucional 0004/2022 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional el 17 de febrero de 2022 y anunciada públicamente en marzo de ese año. El fallo declaró inconstitucional el artículo 123 del Código Penal, eliminando oficialmente esa figura del ordenamiento jurídico boliviano. La acción de inconstitucionalidad fue presentada en 2020 por exlegisladores del MAS como Adriana Salvatierra, Sonia Brito, Franklin Flores y Juana Quispe, quienes argumentaron que los delitos de sedición y terrorismo vulneraban derechos y garantías constitucionales.
El entonces presidente del TCP, Paúl Franco, informó que “nadie puede ser procesado o perseguido” por sedición tras la sentencia, aunque el Tribunal mantuvo vigente el delito de terrorismo dentro del Código Penal. La decisión tuvo fuerte repercusión política porque esa figura había sido utilizada en procesos relacionados con la crisis de 2019, incluyendo investigaciones contra Evo Morales y posteriormente contra Jeanine Áñez.
En ese contexto, el investigador y analista Manuel Morales cuestionó las amenazas judiciales lanzadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz contra dirigentes y sectores movilizados, asegurando que cualquier intento de utilizar nuevamente la figura de sedición carecería de sustento legal. Morales sostuvo que el Ejecutivo intenta trasladar el conflicto social al terreno de la conspiración y la desestabilización para evitar responder a las demandas vinculadas a la crisis económica, el desabastecimiento de combustible y las exigencias de distintos sectores sociales.
