La intervención policial y militar realizada este martes en la avenida Petrolera de Cochabamba, a la altura del kilómetro 9, dejó más de 30 personas detenidas luego de que las fuerzas del orden despejaran el punto de bloqueo instalado por comunarios y vecinos del Valle Alto, Cono Sur y Uspha Uspha. Tras el operativo, la circulación vehicular fue restablecida en una de las principales rutas que conecta a la ciudad con varias provincias del departamento.
Sin embargo, la atención se trasladó rápidamente a la situación de los aprehendidos. Familiares y representantes legales expresaron su preocupación por las condiciones en las que fueron trasladados y por el procedimiento aplicado tras las detenciones. Según denunciaron, varias personas fueron conducidas a dependencias policiales lejos del lugar donde se produjeron los hechos, generando incertidumbre entre sus allegados.
El abogado de los movilizados sostuvo que se habrían vulnerado derechos fundamentales de los detenidos y cuestionó que no se hubiera respetado la jurisdicción correspondiente. Explicó que, por la ubicación donde se desarrolló el operativo, los casos debían ser atendidos en Vinto o Quillacollo; sin embargo, los arrestados fueron trasladados a la ciudad de Cochabamba, en el municipio de Cercado, situación que considera irregular.
Mientras las autoridades defienden la intervención como una acción destinada a garantizar la libre circulación, los familiares de los detenidos exigen información clara sobre su situación jurídica y el respeto al debido proceso. Asimismo, pidieron que se investigue si durante los arrestos se cometieron excesos o vulneraciones a los derechos de las personas que participaban de la medida de presión.
