Los diputados «tutistas» Reinaldo Seas y Armin Lluta presentaron un Proyecto de Ley de Regularización y Legalización Extraordinaria de Vehículos Indocumentados, cuyo objetivo es permitir la circulación legal de más de un millón de motorizados que actualmente no cuentan con documentación. La propuesta, presentada el 26 de mayo de 2026 y que ya se encuentra en la Comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa, es socializada con autoridades a nivel nacional. Según sus impulsores, cada vehículo pagaría entre 6.000 y 8.000 dólares para su regularización, lo que permitiría recaudar hasta 6.000 millones de dólares. El 50% de esos recursos se destinaría a la reconstrucción y ampliación de carreteras a través de la ABC y el otro 50% sería administrado por la UTRE para ejecutar obras de mejoramiento en los gobiernos municipales. Además, sostienen que la medida no afectará el abastecimiento de combustible, ya que estos vehículos actualmente adquieren diésel y gasolina en bidones.
No obstante, la iniciativa ha generado cuestionamientos debido a que la libre circulación de vehículos indocumentados podría representar un riesgo para la seguridad vial. Al no contar con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), en caso de un siniestro las víctimas podrían enfrentar dificultades para recibir una indemnización o reclamar por los daños ocasionados. Este aspecto ha abierto un debate sobre el equilibrio entre la necesidad de regularizar estos motorizados, especialmente en áreas rurales donde son utilizados como medio de transporte, y la obligación de garantizar la seguridad jurídica y la protección de los usuarios de las vías.
