Como ciudadano cochabambino, expreso mi respaldo al Subteniente Castellón, hospitalizado tras los hechos violentos en el botadero de Colcapirhua. Preocupa la falta de apoyo del Estado y del Alto Mando Policial, que argumentan un memorándum interno para justificar la ausencia de respaldo, pese a que ningún instructivo puede estar por encima de normas nacionales, internacionales y del derecho a la legítima defensa.
El Subteniente Castellón, miembro de la Unidad DELTA, actuó en un escenario de riesgo extremo, donde su vida y la de otros efectivos estaban en peligro; los videos muestran intentos de linchamiento e incluso de quemarlos vivos. Su uso del arma de reglamento fue proporcional y conforme a derecho, respaldado por el Art. 11 del Código Penal, los principios de necesidad y proporcionalidad, y los protocolos de grupos especiales. Aun así, se pretende su aprehensión y custodia incluso en su internación, lo que genera desmoralización en la tropa y evidencia falta de seguridad jurídica.
Solicito a los medios informar con objetividad y preguntar a las autoridades: ¿por qué desplazar a grupos especiales entrenados para alto riesgo si no se les garantiza el uso de su arma reglamentaria para proteger su vida y la de terceros? La Policía debe asegurar protección legal, operativa y humana a quienes cumplen su deber. Este caso trasciende lo institucional y se convierte en un asunto de interés público y justicia.
Policias se manifiestan desde cuentas de facebook anonimas en este caso la cuenta UTOP-KL24
