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La justicia determinó la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro para Harold Aguilar Soliz, representante legal en Bolivia de Crane Currency Malta Limited, empresa contratada por el Banco Central de Bolivia (BCB) para la impresión y provisión de los nuevos billetes de la Serie B. La medida fue dispuesta dentro de la investigación por el presunto delito de incumplimiento de contrato, luego de que la Fiscalía presentara indicios de que la firma no cumplió con las obligaciones establecidas en el acuerdo suscrito con la entidad emisora.

De acuerdo con la investigación, el contrato establecía que Crane Currency Malta Limited debía entregar el papel moneda directamente en las bóvedas del BCB bajo la modalidad DDP, lo que significaba que la empresa era responsable del transporte, el resguardo, los seguros y todas las medidas de seguridad hasta la entrega final. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esos protocolos no fueron cumplidos y que la empresa tampoco activó de manera oportuna el seguro tras el accidente del avión Lockheed C-130 Hércules ocurrido el 27 de febrero en El Alto, cuando eran transportados 17,1 millones de billetes de la Serie B.

El fiscal Weimar Molina informó además que la empresa registra un retraso de más de tres meses en la reposición del segundo lote correspondiente a la cuarta entrega, que debía efectuarse el 7 de marzo de 2026. Hasta la fecha, según el Ministerio Público, la firma no informó cuándo cumplirá con esa obligación contractual. Asimismo, se investiga que la tripulación del Hércules desconocía que trasladaba papel monetario y se convocó a varios testigos para prestar su declaración y esclarecer las responsabilidades en el caso.

El contrato entre el BCB y Crane Currency Malta Limited fue firmado en enero de 2025 para la provisión de aproximadamente 967 millones de billetes de la nueva Serie B. Tras el accidente del Hércules, en el que fallecieron 24 personas y decenas resultaron heridas, el Banco Central informó que los billetes siniestrados no entrarían en circulación y que la empresa proveedora asumiría el costo de reposición. Con la detención preventiva de su representante legal, la Fiscalía busca establecer si existió un incumplimiento contractual y otras responsabilidades derivadas del manejo, transporte y entrega del material monetario destinado al país.

El accidente del avión Lockheed C-130 Hércules FAB-81 se convirtió en una de las mayores tragedias aéreas registradas en Bolivia y desencadenó una investigación penal que ahora alcanza a la empresa contratada por el Banco Central de Bolivia (BCB) para la impresión y entrega de los nuevos billetes.

Cronología del caso
27 de enero de 2025: El BCB firmó un contrato con la empresa Crane Currency Malta Limited para la impresión y provisión de aproximadamente 966,8 millones de billetes de la nueva Serie B. La empresa asumía la responsabilidad del transporte, seguros, custodia y entrega del material monetario hasta las bóvedas del Banco Central.
27 de febrero de 2026: Un avión militar Lockheed C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana despegó desde Santa Cruz con destino a El Alto transportando 17,1 millones de billetes nuevos destinados al BCB. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto, la aeronave se salió de la pista, atravesó la malla perimetral e impactó contra varios vehículos que circulaban por una avenida. El accidente dejó 24 fallecidos y más de 40 heridos.
Tras el impacto, miles de billetes quedaron esparcidos entre los restos del avión y numerosas personas ingresaron al lugar para recogerlos, dificultando las labores de rescate. La Policía intervino para dispersar a la multitud y posteriormente las autoridades procedieron a destruir los billetes recuperados, debido a que todavía no habían ingresado oficialmente al sistema financiero nacional.
Investigación

La Fiscalía abrió una investigación para determinar las responsabilidades por el traslado del material monetario. Según el Ministerio Público, la empresa contratada habría incumplido las condiciones del contrato al no garantizar las medidas de seguridad, el resguardo de la carga y la reposición inmediata del material afectado. Además, se investiga que el segundo lote de la cuarta entrega, previsto para el 6 de marzo de 2026, no fue entregado y acumula más de tres meses de retraso.

El fiscal Weimar Molina informó que el representante legal de Crane Currency Malta Limited en Bolivia, Harold Aguilar Soliz, fue imputado por el presunto delito de incumplimiento de contrato y un juez dispuso su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro. Asimismo, la Fiscalía convocó a declarar a funcionarios, pilotos y otros testigos para esclarecer si se cumplieron los protocolos establecidos para el transporte del papel moneda.

Posición del Banco Central

Después del accidente, el BCB aclaró que los billetes transportados no tenían valor legal, ya que aún no habían sido recibidos oficialmente por la entidad. Para evitar su circulación, publicó las series afectadas, instruyó a las entidades financieras rechazarlas y señaló que la empresa proveedora debía asumir la reposición del material conforme a las obligaciones establecidas en el contrato

Hasta el momento, 19 personas fueron enviadas con detención preventiva a la cárcel por sustraer los billetes que transportaba el avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana tras el accidente ocurrido en El Alto. La decisión fue asumida por un juez luego de una audiencia de medidas cautelares.

Posteriormente, la cifra de personas enviadas a prisión aumentó a 26, tras nuevas audiencias. De ellas:

  • 17 fueron recluidas en el penal de Patacamaya.
  • 6 mujeres fueron enviadas al Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
  • 3 adolescentes fueron derivados al Centro de Rehabilitación Qalauma.

Además, la Fiscalía abrió siete procesos penales contra 51 personas (47 adultos y 4 menores), investigadas por los presuntos delitos de robo agravado, avasallamiento, asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes del Estado e instigación pública a delinquir.

En resumen:

  • 51 personas fueron aprehendidas e investigadas.
  • 26 personas fueron enviadas con detención preventiva a distintos centros penitenciarios.
  • El resto recibió medidas sustitutivas o fue procesado por la vía correspondiente en el caso de los menores.

Por Crisel

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