Alrededor de 1.500 familias que se dedican a la extracción de piedra caliza podrían verse afectadas por la situación económica y judicial que enfrenta la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), debido al proceso de cobro de más de Bs 744 millones que impulsa la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA). La preocupación crece ante la posibilidad de que las medidas judiciales de cobro afecten las operaciones de la empresa, de la que dependen numerosas familias y trabajadores vinculados a la provisión de materia prima para la producción de cemento.
La comunidad de Ctari se encuentra entre las zonas que podrían resultar perjudicadas, debido a que la actividad de extracción de piedra caliza representa una importante fuente de empleo e ingresos para sus habitantes. Los comunarios temen que un eventual cierre o paralización de las operaciones de SOBOCE deje a cientos de familias sin sustento económico y afecte directamente a la economía de la región.
Ante este panorama, los sectores vinculados a la actividad piden que se busque una solución que permita a SOBOCE cumplir con sus obligaciones mediante un plan de pagos en cuotas, evitando que la ejecución de la deuda termine perjudicando a los trabajadores, proveedores y comunidades que dependen de la empresa. Advierten que las consecuencias de una paralización no recaerían únicamente sobre los propietarios de la cementera, sino también sobre las familias que viven de la extracción y comercialización de piedra caliza.
El conflicto entre SOBOCE y FANCESA vuelve a poner sobre la mesa el impacto social que pueden tener los procesos judiciales y las disputas empresariales cuando miles de familias dependen de una actividad industrial. Mientras FANCESA busca recuperar los más de Bs 744 millones reconocidos judicialmente, los trabajadores y comunarios de Ctari esperan que las autoridades, las empresas involucradas y la justicia encuentren una salida que garantice el cumplimiento de las obligaciones sin poner en riesgo sus fuentes de trabajo. La cifra de 1.500 familias afectadas y el riesgo de cierre deberán ser corroborados con información de las comunidades y de la empresa.
SOBOCE, LA VENTA MILLONARIA DE DORIA MEDINA Y UNA DEUDA DE BS 744 MILLONES CON FANCESA
La Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), una de las principales empresas cementeras de Bolivia, enfrenta un proceso judicial para pagar Bs 744.315.432 a la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA), de Chuquisaca, por daños económicos derivados de un caso de competencia desleal. El 26 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo 1190/2026, que declaró infundado el recurso de casación de SOBOCE y ratificó el fallo favorable a FANCESA. Tras vencer el plazo de pago voluntario el 16 de octubre, la cementera chuquisaqueña presentó el 21 de octubre un recurso para avanzar con el cobro coactivo. Entre las medidas planteadas figuran la intervención judicial, la retención de ingresos y el embargo de bienes, aunque su aplicación depende de las decisiones judiciales correspondientes.
La historia de este conflicto se remonta a 2010, cuando el gobierno de Evo Morales revirtió el 33,34% de las acciones que SOBOCE tenía en FANCESA, mediante el Decreto Supremo 0616. En ese momento, SOBOCE estaba vinculada al empresario y político Samuel Doria Medina. La empresa reclamó una indemnización por la expropiación y, en 2013, se informó de una sentencia que ordenaba a la Gobernación de Chuquisaca pagar aproximadamente 93,3 millones de dólares, más intereses por daños y perjuicios. Sin embargo, este conflicto por la indemnización de las acciones es distinto del proceso actual en el que FANCESA reclama Bs 744 millones por competencia desleal.
En diciembre de 2014, Doria Medina anunció la venta de su participación mayoritaria en SOBOCE al grupo peruano Holding Cementero, vinculado al Grupo Gloria, por aproximadamente 300 millones de dólares. La operación se realizó después de la expropiación de las acciones de FANCESA, por lo que el litigio empresarial continuó bajo una nueva propiedad. Este antecedente abre interrogantes sobre las condiciones de la venta y las obligaciones que quedaron pendientes en la empresa; sin embargo, no demuestra por sí solo que Doria Medina vendiera para eludir al Gobierno de Evo Morales. La obligación judicial actual de Bs 744 millones está dirigida contra SOBOCE y no debe presentarse como una deuda personal de Doria Medina sin una resolución que establezca esa responsabilidad.
SOBOCE mantiene una importante presencia industrial en el país. Según información oficial de la empresa, cuenta con tres plantas de cemento ubicadas en Viacha, departamento de La Paz; Warnes, en Santa Cruz; y El Puente, en Tarija. Además, dispone de instalaciones de hormigón premezclado, agregados y prefabricados en diferentes puntos del territorio nacional, entre ellos El Alto, Viliroco y Kellumani, en La Paz; Cochabamba; Oruro; y Santa Cruz. La compañía afirma tener capacidad instalada para producir más de tres millones de toneladas de cemento al año. Mientras FANCESA busca recuperar los recursos que considera que le corresponden, SOBOCE sostiene que existen cuestionamientos constitucionales pendientes y advierte sobre posibles efectos de la ejecución en sus inversiones, obligaciones financieras y fuentes de empleo. El desenlace del caso tendrá consecuencias para ambas empresas y para los intereses económicos vinculados a la industria cementera boliviana.
