La protección de la biodiversidad nacional registró un importante avance con la emisión de una sentencia condenatoria dentro del Caso N.º 201502022600587, relacionado con el tráfico ilegal de la Rana Gigante del Titicaca (Telmatobius culeus), una especie endémica de Bolivia y Perú catalogada en Peligro Crítico de extinción.
La decisión judicial constituye un precedente en la aplicación de la normativa penal ambiental y reafirma el compromiso del Estado boliviano con la defensa del patrimonio natural del país.
Como resultado del proceso penal, la autoridad jurisdiccional dictó sentencia condenatoria por el delito de “Tráfico ilegal de vida silvestre”, previsto y sancionado por el Art. 223 Bis del Código Penal, imponiendo las siguientes penas:
Aida Huañapaco Cabrera: tres años de privación de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
Jenny Huañapaco Cabrera: tres años de privación de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
Paulino Huañapaco Cahuaya: tres años de privación de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro, en la ciudad de La Paz.
El caso tuvo su origen en un operativo interinstitucional realizado en la comunidad de Huatajata, en el que participaron la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP), el Ministerio Público, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Bioparque Vesty Pakos, la Iniciativa Boliviana de Anfibios (BAE) y el Instituto Público Desconcentrado de Pesca y Acuicultura (IPD-PACU).
Durante el allanamiento efectuado en un establecimiento de expendio de alimentos se encontraron 26 ejemplares de Rana Gigante del Titicaca, de los cuales 25 estaban con vida y uno sin vida, además de un ejemplar congelado cuya especie no pudo ser identificada debido a su estado de conservación. Los individuos rescatados fueron trasladados bajo protocolos especializados para su evaluación y custodia temporal, quedando toda la información técnica documentada en el informe elaborado por la DGBAP.
La Rana Gigante del Titicaca constituye una de las especies más emblemáticas del altiplano boliviano y cumple un papel fundamental en el equilibrio ecológico del Lago Titicaca. Sin embargo, sus poblaciones han sufrido una drástica disminución debido a diversas amenazas, entre ellas el comercio ilegal para consumo y supuestos fines medicinales.
En Bolivia, la especie está clasificada como «Peligro Crítico» en el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados y se encuentra incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), categoría que le otorga el máximo nivel de protección internacional.
La Constitución Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente, la normativa nacional sobre biodiversidad y el Artículo 223 Bis del Código Penal establecen la obligación de proteger la fauna silvestre y sancionar penalmente la captura, tenencia, transporte y comercialización ilegal de especies protegidas.
Esta sentencia representa un hito en la aplicación de la legislación penal ambiental en Bolivia, fortaleciendo la lucha contra los delitos que afectan a la biodiversidad y enviando un mensaje claro de que el tráfico ilegal de especies silvestres constituye un atentado contra el patrimonio natural del Estado y será investigado y sancionado conforme a la ley.
El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, a través del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal y el accionar de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ratifica su compromiso de fortalecer las acciones de control, fiscalización y coordinación interinstitucional para proteger la fauna silvestre y garantizar la conservación de las especies amenazadas del país.
Con esta sentencia, el Estado boliviano reafirma que «la biodiversidad es patrimonio natural de Bolivia. Su protección es una responsabilidad compartida y el tráfico ilegal de especies constituye un delito que será perseguido y sancionado conforme a la ley”.
El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente continuará impulsando acciones de prevención, control, fiscalización y coordinación interinstitucional para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre, promoviendo además la corresponsabilidad de la población en la conservación de las especies y los ecosistemas que sustentan la vida.
