Un caso de corrupción y encubrimiento sacude a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Potosí, luego de que autoridades municipales denunciaran la existencia de una red de abogados que habría lucrado con casos de violación, estupro y violencia familiar. El alcalde Williams Cervantes reveló que varios procesos desaparecían de los registros institucionales y terminaban en manos de abogados particulares, pese a que debían ser atendidos gratuitamente y denunciados ante el Ministerio Público.
Según la denuncia presentada por Alejandra Sivila, los implicados habrían manipulado los sistemas internos para borrar expedientes y derivar los casos a dos presuntos consorcios jurídicos identificados por la Alcaldía, dejando a las víctimas sin protección ni acceso a la justicia. Lo más grave, según las autoridades, es que denuncias de violación y agresiones sexuales contra menores habrían terminado en conciliaciones irregulares, algo prohibido por la ley boliviana.
La denuncia también señala que menores víctimas de abuso sexual fueron retornadas a entornos de riesgo, pese a que las Defensorías tienen la obligación de activar procesos penales inmediatos y garantizar su protección. Ante esta situación, la Alcaldía anunció una auditoría total de los expedientes y la redistribución de todos los casos entre los 12 abogados que actualmente trabajan en las Defensorías.
